La huelga no se detiene

Las protestas en Colombia comenzaron como reacción a reformas fiscales pero se han transformado en expresiones de descontento muchas más largas, escriben Philippa de Boissière y María Mónica Acuña

May 22, 2021 · 10 min read
Policia en las calles de Bogotá. Crédito: Maria Acuña

Durante el día en Siloe suenan las sirenas de las ambulancias y por la noche se escuchan los gritos de la gente por encima de los disparos de gas lacrimógeno, rifles y pistolas. La policía patrulla las calles y los helicópteros sobrevuelan las marchas en las que manifestantes graban la barbarie, que luego resuena en las redes sociales en señal de denuncia a la violencia policial”. Este retrato de la nueva normalidad en Cali, podría ser el de casi cualquier otro lugar de Colombia; un país en el que hasta hace unos años, el diálogo se consideraba el mecanismo para resolver las disputas, hoy está sumida en nuevas movilizaciones que tienen al país en un paro general .

Desde el 19 de Mayo, Colombia cumple una tercera semana de levantamientos sociales masivos que, ni la pandemia ni la represión violenta a manos de la policía y el ejército, muestran signos reales de desaceleración o contención. Con las principales ciudades colombianas militarizadas desde el 1 de Mayo y más de cuarenta personas confirmadas muertas a manos de la policía, la situación es de intensa crisis humanitaria.

Sin embargo, las condiciones subyacentes a la crisis no son nuevas. El 54,2 por ciento de los Colombianos vive con inseguridad alimentaria y el Departamento Nacional de Estadística, DANE, confirmó en un informe reciente que una cuarta parte de los hogares Colombianos se ha visto obligada a reducir su consumo diario de tres a dos comidas al día. Además, un 10 por ciento adicional de los hogares tiene que arreglárselas con no más de una comida al día. En este contexto, las reformas regresivas, propuestas por el Presidente Iván Duque a mediados de Abril, pretendían poner en riesgo el acceso a los productos básicos que antes estaban exentos de impuestos, como el arroz y los productos animales, así como los medicamentos y los servicios básicos como la electricidad, el alcantarillado y el agua.

Estas propuestas han sido ampliamente percibidas como un ataque directo a la clase pobre y trabajadora de Colombia. Los movimientos sociales y diversos sectores de la sociedad civil respondieron convocando un paro nacional para el 28 de Abril. Desde entonces, cientos de miles de estudiantes, campesinos y trabajadores, así como afrodescendientes e indígenas, han salido a la calle en lo que se ha descrito como el “paro nacional indefinido” más diverso y de mayor alcance de la historia reciente del país.

Por el desmonte del ESMAD

Mujeres en plantón contra de la violencia policial. Crédito: Loreno Maria

La respuesta del presidente Duque a los Colombianos que ejercen su derecho constitucional a la protesta ha sido desatar toda la fuerza policial contra ellos. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, o ESMAD, se desplegó en las primeras horas del paro para empezar a contener a los manifestantes, disparar a las multitudes y disolver las manifestaciones pacíficas.


Según lo reportado a las solicitudes de libertad de información sobre los acuerdos de este grupo, se revela que el ESMAD recibió capacitación del gobierno británico entre 2018 y 2020.  Esta fuerza antidisturbios, se creó originalmente para controlar multitudes con el uso de armas no letales, en la práctica, este grupo élite, ha demostrado en medio de la movilización que es tan letal como la policía militar que por años combatió a insurgencias y paramilitares.

Además de tratar de imponer impuestos nuevos al bolsillo de la población pobre a través de la propuesta de reforma tributaria, el senador Wilson Arias reveló el 6 de Mayo que los planes económicos del gobierno también incluían el aumento del gasto en municiones para el ESMAD por valor de 2.721.300 libras.

Temblores, una ONG con sede en Bogotá, ha estado publicando un recuento rápidamente creciente de abusos que, en su conjunto, cuentan una historia de crímenes contra la humanidad. Hasta el 21 de Mayo, las cifras revelan que se han registrado al menos 2.905 casos de violencia policial, entre ellos 855 casos de violencia física; 39 casos de lesiones oculares; 21 casos de violencia sexual; tres casos de violencia de género y 500 personas desaparecidas. A esto hay que añadir las 43 personas confirmadas hasta ahora como muertas a manos de las fuerzas del Estado en medio de las movilizaciones.

Un portavoz de la red de derechos humanos Defender la libertad es un asunto de todos advirtió que ‘nadie está a salvo de una agresión. Hoy en Colombia, todos los que estamos en la calle participando en las movilizaciones somos objetivos de la policía.’ La red ha documentado múltiples ataques contra periodistas, observadores de derechos humanos y personal médico, entre los que destacan casos de interrupción del trabajo, destrucción de equipos e incluso torturas y amenazas de muerte.

En lugar de romper el movimiento, el uso sistemático y coordinado de la violencia bajo las órdenes del presidente Duque sólo ha servido para atraer a un mayor número de personas a las calles. Para Melissa Salazar Calle, estudiante de 23 años de la Universidad de Antioquia y miembro del colectivo de periodistas Le Cuento, ésta es una de las muchas características que distinguen a las actuales movilizaciones. Calle dijó: “En los anteriores paros siempre ha sido la primera marcha nacional la histórica y la más grande. En esta huelga las marchas son cada vez más grandes, más gente se involucra. Nunca había visto algo así.’

Hacía las calles indefinitivamente

Marchas en los barrios populares de Barranquilla. Crédito: Maria Acuña

Las personas a las que la policía y los militares han quitado la vida desde el 28 de Abril son numerosas y merecen ser recordadas. Entre ellos están Diego Perdomo, de 20 años, de Neiva; Santiago Andrés Murillo, de 17 años, de Ibagué; y Lucas Villa, de Pereira. Sólo de Cali, epicentro de la violencia policial, los muertos son Yinson Angulo, de 23 años; Nicolás Guerrero, de 22; Kevin Antoni Agudelo Jiménez, de 22; María Jovita Osorio; Harold Antoni Rodríguez Mellizo y José Emilson Ambuila.

Además, según el colectivo feminista Articulación Feminista 8M Popayán y organizaciones de derechos humanos de la región, una joven de 17 años, se quitó la vida el 13 de Mayo tras haber sido sometida a ‘violencia física y sexual cometidos por la Policía Nacional’. La policía niega haber actuado mal, aunque los agentes implicados han sido apartados del servicio.

La barranquillera Ruth Solano, de 50 años, declaró a Red Pepper que no se callará a pesar de los riesgos que corren su vida: ‘Vamos a salir a la calle indefinidamente. Ha llegado el momento de un cambio a este gobierno explotador, este régimen de muerte, y de que nosotros, como ciudadanos, tomemos el control y generemos un cambio para nuestro país.’

Frente a este sentimiento, ni el posterior giro del gobierno sobre las controvertidas propuestas de reforma fiscal, ni la dimisión de Alberto Carrasquilla, ministro responsable de las mismas, pudieron esperar detener el movimiento. Detrás del paro nacional indefinido se esconde un descontento mucho más profundo y un trauma colectivo que es, al mismo tiempo,reciente y de décadas. Los asesinatos, las detenciones arbitrarias y las desapariciones, entre otros abusos, han despertado la memoria colectiva de una historia tumultuosa y dolorosa.

Es en este contexto en el que la comunidad internacional debe tomar partido y amplificar los llamamientos de los colombianos a la desmilitarización del país y a la disolución del ESMAD como condición previa a cualquier negociación con el gobierno. Sobre la mesa hay un conjunto de siete reivindicaciones básicas en torno al acceso a la educación, la sanidad y el salario digno, así como la soberanía alimentaria; el mantenimiento de los acuerdos alcanzados en el marco del Acuerdo de Paz y el fin de la discriminación de género y de las nuevas privatizaciones.

La independencia de poderes sigue siendo un elemento central de las reivindicaciones. Actualmente, las instituciones clave del estado, incluidas muchas de índole legislativas, judiciales y ejecutivas, están bajo el control del gobierno actual, lo que en muchos casos impide presenten la respectiva independencia para investigar, verificar y mantener los controles y equilibrios requeridos para hacer seguimiento a esta grave situación.

La principal sensación que emana de las comunidades juveniles, afrodescendientes, indígenas y obreras de Colombia, en gran parte abandonadas, es de un ‘rechazo total a esta idea de la política de la muerte’ que, según el periodista de 22 años de Le Cuento, Daniel Osorio, define actualmente a Colombia. Por último, Ruth Solano habla en nombre de millones de colombianos cuando dice ‘estamos levantando la voz ante la comunidad internacional para hacer esta denuncia pública y que todos los ojos estén puestos en Colombia. No nos abandonen porque nos están matando y necesitamos un clamor internacional por la vida, por la paz y por la dignidad de nuestro pueblo.’

Philippa de Boissière es una periodista freelance y escritora que enfoque en la justicia climática, movimientos sociales y extractivismo en los Andes. María Mónica Acuña es una comunicadora social y periodista Colombiana, tiene un máster en Periodismo con especialización en Comunicación para el Desarrollo Social.

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